, en relación a la presencia de vertederos ilegales, enviando un dictamen motivado a España, advirtiendo de la posibilidad de llevarla ante el Tribunal de Justicia Europea si no se corrige la situación.
Las autoridades españolas han sido advertidas por permitir la existencia de más de un millar de vertederos "ilegales" en su territorio, ofreciéndose un plazo de dos meses para adoptar las medidas necesarias y cumplir con la normativa comunitaria en materia de gestión de residuos. En caso contrario, podría llevar al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Según el dictamen motivado, existen pruebas generalizadas de la existencia de un gran número de vertederos ilegales --al menos 1 513-- pendientes de cierre, sellado y regeneración, apreciando un "incumplimiento sistémico y prolongado" de las obligaciones que impone la legislación.