La justicia europea impone 12 millones de euros por el incumplimiento en 17 aglomeraciones urbanas, la mayoría en Andalucía; y 11 millones semestrales más hasta que se dé solución a los nueve de los 17 casos donde aún no se depura correctamente.

España no ha cumplido completamente en los últimos años con la directiva europea sobre aguas. La directiva de 1991 establece una serie de requisitos  para los municipios de más de 15.000 habitantes, los cuales debían cumplir con una serie de requisitos sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas para evitar vertidos incontrolados de aguas residuales antes del 1 de diciembre de 2000.

En 2008 aún no se habían alcanzado las exigencias establecidas en dicha normativa, por lo que la Comisión Europea demandó a España ante el Tribunal de Justicia y fue condenada en 2011 por el incumplimiento en 37 aglomeraciones de más de 15.000 habitantes. La Comisión estableció un nuevo plazo para que esos 37 municipios cumplieran con la directiva hasta el 31 de julio de 2013, si bien 17 aglomeraciones seguían aún incumpliendo los requisitos normativos.

En 2017, tras el escaso avance realizado en este sentido, Bruselas demandó a España de nuevo, solicitando una sanción que supondría más de 50 millones de euros, así como una multa diaria de 171.217,2 euros, mientras permanezcan los problemas en las localidades denunciadas. 

En abril aún persistían los incumplimientos en nueve de los 17 casos, ocho de ellos en Andalucía, cuatro en Galicia, tres en Comunidad Valenciana, uno en Asturias y otro en Canarias. 

El mayor número de incumplimientos se producen en Andalucía, según la Comisión, concretamente en Isla Cristina, Matalascañas, Barbate, Tarifa, Coín, Alhaurín el Grande y Nerja. 

De las actuaciones que están pendientes según la Comisión en Andalucía, varias son obras competencia de la Junta y otras del Gobierno Central, al haber sido declaradas de interés general