Los grandes incendios forestales acontecidos en los últimos meses en Australia (más de 10 millones de hectáreas quemadas), los registrados en Portugal en años anteriores (con cerca de 500.000 has quemadas en 2017), que calcinaron gran parte del país vecino, o en un ámbito más local, el acontecido en 2017 en Las Peñuelas (Moguer), donde ardieron 8.500 has, plantean a la sociedad dos preguntas directas; ¿por qué se producen? y ¿qué se podría hacer para evitarlos?.
En buena parte de estos incendios se puede encontrar como nexo común el exceso y la continuidad de combustible provocado, en la mayoría de los casos, por la falta de mantenimiento y de labores selvícolas.
En este punto encontramos dos factores fundamentales sobre los que incidir para poder “controlar” los incendios forestales antes de que se inicien: realización de labores de mantenimiento y el establecimiento de discontinuidad específica.
Los incendios se propagarán mucho más fácil y rápidamente en una masa monoespecífica, coetánea, homogénea y continua que en una masa en forma de mosaico que presente mezclas de especies arbóreas, arbustivas, de matorral y herbáceas.
Ambos problemas, la falta de mantenimiento y la discontinuidad específica deben ser tratadas de un modo integral mediante una gestión racional e integral de las masas forestales, tanto a nivel público como privado.
Hoy en día pocos son los montes que proporcionen una rentabilidad mínima basada en la producción de madera, y otros aprovechamientos como puede ser la obtención de miel, leñas, resinas, esencias… Esto deriva en que los propietarios de estos montes son reticentes a invertir en el mantenimiento y puesta en valor de sus masas forestales.
La sociedad desconoce que más allá de estos productos, el monte proporciona una serie de servicios intangibles de los que disfrutamos casi sin darnos cuenta, como son la realización de actividades al aire libre, la observación de fauna y flora, o la de sumideros de CO2, contribuyendo así a la reducción de carbono en la atmósfera, causante en parte del efecto invernadero.
Éste viene siendo uno de los puntos por resolver desde la Cumbre del Clima celebrada en Kyoto y que se debería haber resuelto en la de París. No obstante, ni se resolvió en París ni en la última COP25, celebrada en Madrid bajo presidencia chilena. Concretar el valor límite de emisión de carbono es la piedra angular del desacuerdo entre los países participantes en estas cumbres climáticas. Lo que está totalmente fuera de toda discusión en estos foros, más allá del límite de emisiones, es el hecho de que es necesario mantener, mejorar e incrementar la superficie de sumideros de CO2, o lo que es lo mismo de bosques en el planeta. Actualmente, pagamos tasas

y cánones de tratamiento de agua y de residuos, pero ¿cuánto está dispuesta la sociedad a pagar por estos servicios que el monte le ofrece? Damos por hecho que lo que el monte ofrece a la sociedad es gratis, pero el mantenimiento de una masa forestal supone un coste muy elevado para los propietarios (sean públicos o privados), máxime en aquellos cuyo objetivo principal dista de ser un aprovechamiento principal que aporte entrada de recursos a la propiedad que le justifique su mantenimiento.
Lo que sí es conocido es que la extinción de un incendio conlleva una serie de costes ambientales, económicos y vitales (muerte de animales, plantas e incluso personas) muy elevados. Según el estudio de la Universidad de Vigo “Cálculo de las emisiones de CO2 por los incendios de 2006 en la provincia de Pontevedra”, en un incendio forestal se puede llegar a emitir aproximadamente 40 toneladas de CO2 por hectárea quemada. Frente a estas emisiones, según un estudio de la Universidad de Sevilla, el Pino carrasco, con 50 toneladas/año y el Pino piñonero, con 27 tn/año, son las especies que más CO2 son capaces de absorber.
En cuanto a costes económicos, según conclusiones extraídas de las jornadas “Incendios forestales ante el cambio climático”, celebradas en Pamplona en diciembre de 2019, el coste estimado de extinción de una hectárea de terreno forestal se situaría en torno a los 10.000 €.
Más allá de que estos costes resulten más o menos inasumibles por la sociedad, lo que resulta obvio es que se reducirían drásticamente si se llevaran a cabo trabajos que redujeran el exceso de combustible forestal.
Ante este escenario ¿cuál es el planteamiento de un propietario de una masa forestal que no produzca un beneficio económico directo? En este caso es fácil intuir que el propietario contemplará cualquier gasto que tenga que hacer en el mantenimiento de su monte como un mero coste y no una inversión, lo que conllevará un retroceso en labores de mantenimiento y el consiguiente aumento del combustible, situándonos en el punto de partida de este documento.
Parece evidente la necesidad de articular mecanismos por parte de las Administraciones que incentiven a los propietarios a mantener sus bosques o sumideros de CO2, centrados en un beneficio de la sociedad en su conjunto.
El gobierno portugués, tal y como lleva haciendo el gobierno de Costa Rica durante más de una década, acaba de anunciar la adopción de una medida para fomentar el mantenimiento de las masas forestales privadas por parte de sus dueños en reconocimiento de la importancia que tienen los bosques en la “absorción de carbono”. Se trata de un intento de la Administración lusa para que los propietarios no tengan que soportar todo el peso del mantenimiento de un monte que proporciona un servicio del que se beneficia toda la sociedad.
Según esta medida, el gobierno pagaría durante 20 años entre 80 y 150 €/ha/año que se deberán destinar a la conservación de las masas forestales, transformando masas monoespecíficas y coetáneas en masas mixtas, discontinuas que favorezcan la “autodefensa” frente a incendios forestales y a la vez, proporcione servicios ambientales a la sociedad.
Ante la iniciativa portuguesa, cabría plantearse si esta medida pudiera ser importable en España. Sin duda su adopción sería merecedora de un estudio en profundidad, pero no es menos cierto que hacer lo posible para mitigar los efectos del cambio climático a la par que proporcionar beneficios o servicios ambientales a la sociedad es una obligación que deberían asumir los gobiernos actuales para que los montes de hoy beneficien a la sociedad actual y lleguen en condiciones óptimas a los ciudadanos de mañana; en línea con el Objetivo número 13 del panel de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En definitiva, con la realización de labores selvícolas para la conservación de las masas forestales se conseguiría un doble objetivo. Por una parte, se logrará un monte resiliente a los incendios forestales y por otra, en tanto que ese monte crece y madura aportará muy diversos servicios a la sociedad para su bienestar y sobre todo contribuirá decisivamente a la absorción del carbono atmosférico y a la mitigación del cambio climático, si bien, todo ello comienza con una gestión racional del monte y políticas forestales adecuadas.

Por Manuel A. Díaz
Ingeniero de Montes e I.T. Forestal
en GTA Ingeniería y Medio Ambiente.