En los últimos años, España viene apostando por las energías limpias y renovables, realzando la importancia de la utilización sostenible de los recursos energéticos y contribuyendo a reducir los impactos del cambio climático, con el objetivo de alcanzar los objetivos de la Agenda 2020-2030. Esta apuesta potencia la suficiencia energética de un país que podría ser más que autosuficiente dadas las horas de sol con las que cuenta, al mismo tiempo que incentiva el ahorro y auspicia a la descarbonización de la economía. Como resultado, nuestro país fue en 2019 el mercado líder a nivel europeo y el sexto a nivel mundial.

En ese sentido, hace un año salió a consulta pública el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), un ambicioso proyecto del Gobierno que pretende que en 2030 el 75% de la generación eléctrica deberá provenir de renovables, alcanzando el 100% en 2050. Estas previsiones, nos situarían en primera posición a nivel mundial de la generación de energías limpias.

Sorprendente es el caso de nuestra comunidad en la que está produciéndose un auge fotovoltaico exponencial. En 2018 la potencia solar fotovoltaica instalada en Andalucía no superaba los 900 MW mientras que en 2019 alcanzó los 1.777 MW, duplicándose en tan solo un año. Además, este crecimiento del sector fotovoltaico genera un impacto positivo a nivel económico y social. Según el último Eurobarómetro, consideramos que el desarrollo de energías renovables debería ser la máxima prioridad del Pacto Verde Europeo (hacia una economía sostenible). Y es que ¿quién podría estar en contra de las energías renovables?

Desafortunadamente, el actual ritmo de este panorama solar fotovoltaico causa un daño colateral sobre el medio ambiente, al transformar el territorio y poner en jaque la conservación de la biodiversidad, la riqueza y variedad paisajística, en aquellos casos en los que no existe una adecuada planificación y evaluación ambiental, debido a los importantes requerimientos de superficie que estas instalaciones requieren (por ejemplo, cada megavatio (MW) fotovoltaico instalado supone la ocupación aproximadamente dos hectáreas de suelo).

Ello implica un efecto llamada hacia los nodos de conexión que está colapsando las administraciones públicas debido a la acumulación de expedientes, viéndose con dificultades para dar respuesta a los inconvenientes técnicos y alegaciones ambientales que suponen tantas y tan dispares solicitudes.

Recientemente tanto en el ámbito autonómico como nacional, los organismos competentes están publicando diferentes documentos con las directrices a seguir para un correcto diseño y evaluación ambiental de los proyectos fotovoltaicos.

Debido al fuerte crecimiento de este sector, y a la creciente ocupación y afección territorial que ello conlleva, los condicionantes que últimamente viene imponiendo la administración ambiental en las tramitaciones son cada vez más exigentes en cuanto a justificación de la ubicación seleccionada, comprobación de afecciones sobre especies de flora y fauna protegida, impacto arqueológico, y previsión de efectos sinérgicos y acumulativos, entre otros. Así mismo, resulta fundamental garantizar el cumplimento de medidas preventivas, correctoras, compensatorias y de seguimiento para minimizar los impactos ambientales en las fases de construcción y explotación.

Entre otras, cabe destacar el seguimiento específico de comunidades de aves vulnerables como es el caso de las esteparias, debido a que la demanda de terrenos donde instalar los parques fotovoltaicos se concentra fundamentalmente en áreas de cultivos herbáceos de secano, que constituyen el hábitat propicio para estas especies.

En cuanto a medidas compensatorias que se están exigiendo en la actualidad por parte de la administración ambiental, se encuentra las medidas culturales de gestión agraria, la compra de cosecha en parcelas con nidificación de especies de interés, inversiones en infraestructuras, acciones y medidas para la conservación, iniciativas de conservación “ex situ” y/o de reforzamiento de poblaciones de especies de interés, medidas de información, sensibilización, educación ambiental, participación ciudadana y voluntariado y la promoción de la custodia del territorio.

En este contexto, una correcta vigilancia ambiental en la construcción y, sobre todo, explotación de los complejos fotovoltaicos y sus instalaciones energéticas asociadas, resulta fundamental para controlar y demostrar si cabe la compatibilidad ambiental de este tipo de instalaciones con el entorno.